Como profesionales del área de la educación en Programas de Integración Escolar, es fundamental abordar la interrogante sobre la estandarización de las pruebas aplicadas en el contexto de la evaluación de Necesidades Educativas Especiales (NEE). El marco normativo, específicamente el Decreto 170, establece pautas claras en este sentido.

En primer lugar, es esencial comprender que el Decreto 170 no establece una regla inflexible que exija la estandarización de todas las pruebas en todos los casos. Más bien, delimita su aplicación a ciertos escenarios particulares. Las pruebas estandarizadas, en casos como Trastornos de Lenguaje, Funcionamiento Intelectual Limítrofe, Discapacidad Intelectual y Dificultades Específicas del Aprendizaje son obligatorias y necesarias para su detección y emisión de diagnóstico.

En otros casos y contextos, el profesional de la educación tiene la autonomía para elegir las herramientas e instrumentos de evaluación, ya sean formales o informales. Esto destaca la importancia de la flexibilidad en el proceso evaluativo, permitiendo que los docentes y asistentes de la educación adapten las pruebas a las características específicas de cada estudiante y su entorno.

La toma de decisiones sobre la elección de pruebas no estandarizadas se fundamenta en la comprensión profunda del estudiante y su contexto. Los profesionales deben considerar aspectos como las experiencias previas y las particularidades del entorno educativo. Esta perspectiva centrada en el estudiante subraya la necesidad de una evaluación integral que vaya más allá de simples resultados numéricos.

Es importante destacar que la evaluación no es un evento aislado, sino un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo. La elección de herramientas de evaluación, ya sean estandarizadas o no, debe alinearse con los objetivos específicos de la evaluación y adaptarse a las necesidades cambiantes del estudiante.

En conclusión, si bien el Decreto 170 establece la obligatoriedad de pruebas estandarizadas en casos específicos, promueve la autonomía profesional al permitir la elección de herramientas de evaluación pertinentes en otros momentos. Esta flexibilidad reconoce la diversidad de los estudiantes y fomenta una práctica evaluativa centrada en sus necesidades individuales.

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